Los detectives privados españoles se plantean como reto «desmitificar» su imagen, asociada a las «gabardinas» y a los símbolos que el cine y la televisión han vinculado a esta profesión, en la que cada vez hay más mujeres, informa Efe. En una entrevista con Efe, Arranz ha señalado que, en general, los ciudadanos "no tienen gran idea" de lo que hacen los detectives privados.

Cuando series como 'True Detective' o 'Sherlock' se están coronando como las más vistas de las últimas décadas, Arranz ha insistido en que su trabajo no se parece en nada al de la gran pantalla -ni tampoco al de la pequeña-, y ha apuntado que si "el ciudadano de a pie tiene desconocimiento" sobre la profesión es porque "no ha querido saber".

Arranz ha explicado que siempre que alguien "tenga derecho" a localizar a otra persona, "un detective lo intentará" si se le contrata, porque cualquiera puede pagar los servicios de un detective privado para investigar a otra persona siempre que exista un "legítimo interés".

Sin embargo, esta condición se basa en el criterio del detective aunque, como ha matizado Arranz, están sometidos al control y supervisión de la administración pública.

Arranz ha citado el ejemplo del caso de una investigación sobre las llamadas efectuadas o recibidas por un teléfono móvil, que "sólo puede analizarse si es estrictamente del ámbito laboral y cuando haya existido antes una comunicación irrefutable a todos los empleados de que su uso ha de ser única y exclusivamente para el trabajo".

En el caso de localizar físicamente a una persona, Arranz ha apelado a la máxima de que "tus derechos acaban donde empiezan los de los demás", aunque ha precisado que todos los datos a los que pueden acceder para una investigación "son los mismos a los que puede acceder cualquier otra persona".

Esto significa de hecho que la línea divisoria entre quién y por qué puede alguien localizarte es difusa para los ciudadanos, puesto que dependerá del juicio del propio profesional contratado.

Por otro lado, Arranz ha señalado la necesidad de estrechar más las colaboraciones entre los detectives privados y los cuerpos de policía: "La comunicación debería ser bidireccional y más amplia", ha sostenido, porque "no es lógico que yo no pueda averiguar como detective todos los vehículos que tiene alguien".

Sin embargo, el presidente de los detectives de Cataluña ha precisado: "Lo habitual es que haya mucha más comunicación de nosotros hacia el otro lado (la policía) que al revés", aunque en cuanto a competencia sobre seguridad ciudadana ha dicho: "Ellos tienen la parte pública y nosotros la privada".

Arranz también ha expresado su voluntad de que se mantenga la colegiación obligatoria, que el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales (Alscp) prevé suprimir para esta profesión.

Para Arranz, eliminar la colegiación es "lo peor que pueden hacer", porque el colectivo de detectives privados catalanes posee un código y una comisión deontológica que tiene poder de sanción.

Tras la entrada en vigor en España de la nueva ley de seguridad privada, el pasado 5 de junio, que establece la competencias de Cataluña en materia de seguridad privada, Arranz ha lamentado que la norma haya dejado "demasiadas puertas abiertas" que deberán regularse ahora a través de reglamentos.

El investigador privado ha evitado señalar el precio medio de la contratación de un detective y se ha limitado a apuntar que el perfil del contratante es muy variado y va desde autónomos y grandes empresas, pymes y bancos hasta personas particulares.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado este martes que España no vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al rechazar la acciones legales de José Luis de la Flor Cabrera contra la grabación de imágenes suyas por detectives privados, tras sufrir un accidente de tráfico.

De la Flor, que fue atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta por Sevilla, en septiembre de 1997, reclamó daños y perjuicios al conductor y a su compañía de seguros, ya que alegó que el accidente le causó una neurosis postraumática, que le producía «un miedo intenso a conducir vehículos».

La compañía de seguros presentó como pruebas en el juicio vídeos de la vida cotidiana del demandante, grabados por un gabinete de detectives privados, donde aparecía conduciendo una moto.

Teniendo en cuenta esas imágenes, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla condenó en 1999 al conductor a pagar a De la Flor una indemnización menor que la que reclamaba.

Ambas partes recurrieron a la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideró «abusivas» las pretensiones económicas del demandante, ya que «sus afirmaciones no estaban apoyadas en ninguna prueba». Además, dio por buenos el informe y el vídeo de los detectives.

De la Flor presentó un recurso de amparo que fue rechazado por el Tribunal Supremo en 2004.

El demandante, que es abogado y se representó a sí mismo ante el Tribunal de Estrasburgo, argumentó que aceptar como prueba los vídeos grabados sin su consentimiento supuso una vulneración de su derecho a la vida privada y familiar, recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Pero la corte europea en su sentencia afirma que las imágenes «fueron utilizadas exclusivamente como prueba ante un juez» y «no había riesgo alguno de explotación ulterior».

Esas imágenes -según los jueces europeos- «tenían la vocación de contribuir de manera legítima al debate judicial», ya que«contradecían las afirmaciones del demandante».

De este modo, «la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no fue desproporcionada». El demandante dispone de tres meses para recurrir la sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Los detectives privados españoles se plantean como reto «desmitificar» su imagen, asociada a las «gabardinas» y a los símbolos que el cine y la televisión han vinculado a esta profesión, en la que cada vez hay más mujeres, informa Efe. Esta actividad cuenta en España con cerca de 1.600 licencias activas, según indicó, en declaraciones a los medios, Roberto García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, que celebra unas jornadas de formación en Ávila.

Así, la asociación se encuentra inmersa en estos momentos en el desarrollo de la recién aprobada Ley de Seguridad Privada, «por la que se ha luchado mucho», admitió, además de plantear como siguiente paso el desarrollo del reglamento correspondiente.

Igualmente, el colectivo busca «desmitificar» la profesión del detective privado, una actividad que «se está convirtiendo cada vez más en una profesión de mujeres». «Nada de gabardinas ni nada de eso», subrayó, a la vez que ha incidido en que el objetivo de los detectives privados no es otro que convertirse en «expertos en recopilar pruebas». En este sentido, la profesión tiende cada vez más a la especialización, por lo que trabaja, sobre todo, en investigación mercantil, económica y de lucha contra el fraude, hasta el punto de que, según Roberto García, se han convertido en la «punta de lanza de la lucha contra el fraude en el sector privado».

Además, la actividad es «un referente» en Europa, por el régimen jurídico con el que cuenta y el hecho de obligar a sus profesionales, entre otros requisitos, a tres años de formación universitaria, además de estar habilitados por el Ministerio del Interior. Cerca de medio centenar de detectives privados de toda España se reúnen, en este sentido, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, hasta hoy, en las II Jornadas de Formación que organiza la asociación. A lo largo de las jornadas, intercambiarán técnicas y conocimientos con la Policía Nacional, con el fin de fomentar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Tener un perro implica cuidarlo y atenderlo pero también respetar las normas de convivencia y no molestar a los demás vecinos», indica el regidor colmenareño.

Para llevar a cabo la campaña, que arranca hoy, se ha contratado a undetective privado profesional -presente en la rueda de prensa de esta mañana cuyo trabajo consistirá en localizar a los que incumplan la Ordenanza Municipal en esta materia. Esta persona, durante determinados días y horas y a lo largo de un año, vigilará de incógnito las calles y espacios públicos en los que más deyecciones de perros se limpian actualmente. Su tarea consistirá engrabar en vídeo in fraganti a los propietarios que no recojan los excrementos y aportar ese documento gráfico, junto con su testimonio, como prueba en las denuncias que, posteriormente, tramite la Policía Local, con la que estará coordinado.

La campaña también incluye la presencia en las calles durante los próximos días de actores disfrazados de detectives privados cuya misión será informar a los vecinos sobre la iniciativa y repartirles los dípticos de la campaña.

En esos dípticos, se recuerda que actualmente existen 27 areneros (pipicanes) repartidos por los cuatro puntos cardinales del casco urbano donde llevar a los perros para hacer sus deposiciones. Además, se indica la dirección y el número de teléfono de los cinco puntos en los que se dispensan bolsas para la recogida de excrementos caninos

Esperaba a que cerrase la tienda y tomaba todas las precauciones posibles para no ser descubierto. Su jefe, el propietario de este Anticuario de Palma lo acusa de robarle 265.000 Euros. El detective privado que llevó el caso y captó las imágenes describe como, enfundado en unos guantes de látex y con una ganzúa, el empleado abría la caja fuerte y se llevaba el dinero. El caso se juzga en estos momentos y el presunto ladrón lo niega todo.Pero no sólo se roba dinero, unos zapatos bajo la camiseta, o la gasolina de las máquinas de la obra son botín suficiente para jugarse el empleo y una denuncia.José María Vilamajó, de Winterman detectives afirma que, con la crisis, este tipo de delitos han aumentado hasta en un 12% en los últimos dos años.En España, en 2011, las empresas perdieron 11.000 millones de euros por hurtos. Se estima que más del 30% de los robos los cometen sus propios empleados.

La Asociación Hostelería Compostela ha puesto toda la carne en el asador para luchar contra los alojamientos ilegales. Al igual que el año pasado, ha contratado detectives privados que, haciéndose pasar por peregrinos, intentarán detectar quién oferta camas de forma irregular. "Estamos fartos da competencia desleal. Queremos erradicar esta práctica de economía sumerxida para que todos esteamos nas mesmas condicións", advierte José Manuel Otero, presidente de la agrupación (rama hospedaje).

Además de ir ataviados como turistas, los investigadores van provistos de cámaras ocultas que utilizan para grabar a todo aquel que le brinde un cobijo sin licencia. 

En la crisis económica, en donde muchos trabajadores aspiran a tener un empleo estable, también existe una realidad menos positiva. Y es la de los casos de falsas bajas laborales que cometen algunos trabajadores sin un motivo real y concreto. Este tipo de fraude, está siendo detectado cada vez más por los detectives privados contratados por las empresas para poder averiguar la verdad sobre un caso en concreto.

Y es que, existen dolencias que pueden suponer baja como por ejemplo, dolor de espalda o problemas de estrés. Sin embargo, como bien muestran los medios de comunicación en investigaciones sobre esta cuestión, en ocasiones, aquellos que están de baja médica y que no acuden a la oficina, han buscado un segundo empleo para poder cobrar otro sueldo, además, del dinero recibido por dicha baja.

Está claro que en medio de los problemas económicos propios de la situación actual se agudiza el ingenio. Sin embargo, el ingenio puede potenciarse desde la ética y desde el sentido común pero nunca debe ir en contra de la verdad. Por otro lado, en más de una ocasión, pagan justos por pecadores. Es decir, existen personas que tienen motivos reales y de fondo para tener que estar de baja por un tiempo.

La sentencia señala que los hechos ocurrieron en la pedanía murciana de Sangonera la Seca el 11 de mayo de 2003 en el transcurso de una celebración familiar en la que se utilizó un vehículo todoterreno que estaba retirado de la circulación y al que se le había colocado una plataforma para que sirviera como carroza.

Durante un paseo, el vehículo volcó, y uno de los acusados, R.M., que viajaba sobre la plataforma, quedó atrapado, lo que le causó tan graves heridas que tuvieron que amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla.

Según la sala, tras producirse el percance, el también acusado A.C., abogado de profesión y amigo del anterior, y el tercer denunciado, G.R., "se concertaron" con el herido "para crear la apariencia de que el accidente había sobrevenido de modo distinto a lo verdaderamente ocurrido".

Intentaron aparentar que el suceso se había producido por el atropello de R.M. por un camión y semirremolque propiedad de G.R., quien dio parte a su compañía, Groupama Plus Ultra, aseguradora que pagó 50.000 euros al accidentado, 7.500 al hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, por la asistencia prestada, y 25.300 a una empresa de ortopedia por la pierna artificial.

La estafa fue descubierta con la investigación llevada a cabo por un detective privado, quien, al conectar con vecinos de la zona, fue informado de la realidad de los hechos, por lo que R.M tuvo que devolver el dinero recibido.

"El muñidor de la trama -dice la Audiencia- fue A.C., cuya cualificada formación le permite comenzar a fraguarla en el centro hospitalario" donde estaba ingresado el herido.

La sentencia condena a cada uno de los acusados a tres meses de multa, con cuotas diarias que van de 2 a 6 euros, por un delito de simulación de delito, y a un año de prisión y a multa de tres meses por un delito de estafa.

Los taxistas que trabajan en el Aeropuerto de Gran Canaria denuncian la presencia de vehículos de alta gama que captan turistas por internet presuntamente mediante engaños. Cansados de la situación, la Federación de Taxistas ha contratado un detective privado para demostrarlo.

Según los taxistas, suelen esperan a los clientes en la terminal de llegadas del Aeropuerto de Gran Canaria. Los turistas han contratado un servicio de taxis, pero el chofer los guía hasta el aparcamiento, donde descubren un microbus de 19 plazas. No es lo que habían contratado por Internet.

Otro de los casos que denuncian los taxistas es el de un turismo de alta gama sin taxímetro. Por eso han contratado un detective privado que se hizo pasar por un cliente. Les ha proporcionado fotografías y facturas alteradas: por un mismo recorrido una empresa, presuntamente, le cobró 35 euros; en cambio, otra subió la tarifa a 48 euros.

Los Ayuntamientos buscan soluciones. Los taxistas piden que se diferencien bien los servicios para que el cliente no se lleve sorpresas cuando contrate por internet.

Tras la pérdida o el divorcio de un hijo muchos abuelos no vuelven a ver a sus nietos. Algunos incluso llegan al extremo de contratar detectives privados para poder localizar a los niños. Solo en la Asociación Abuelos Separados de sus Nietos tienen registrados 150 casos a la espera de un acuerdo amistoso entre las partes o de una sentencia judicial. Este último precisamente es el caso de Lourdes. Desde que murió su hija hace dos años lleva luchando en los tribunales de Valladolid por conseguir un régimen de visitas que le garantice poder ver a sus dos nietas ante la negativa de su ex yerno transexual. El caso quedó ayer visto para sentencia. La mujer de 79 años reclama poder acceder a las niñas y mantener una relación que, afirma, está bloqueada por parte del padre de dos niñas de once y doce años, de las que tiene la custodia desde que su madre e hija de la demandante falleciera hace dos años. La abuela afirma que ha tratado por todos los medios de ponerse en contacto con ellas, incluso durante meses acudía a las puertas del colegio para poder hablar con las menores en el recreo a través de las verjas del centro. El progenitor alega que son las pequeñas las que «no quieren verla».

Divorcio y muerte

En enero de 2009 los padres de las niñas se divorciaron tras vivir en los últimos ocho años en el domicilio familiar en Valladolid con la abuela. Con la separación, la madre obtuvo la custodia y las dos menores se quedaron a cargo de la familia materna hasta que la madre falleció a los 48 años. Lourdes ha tenido en los últimos cuatro años la desgracia de ver morir a dos hijos y «ahora no puedo ver a mis nietas». Lourdes reclamó la tutela de las dos menores, pero esta le fue concedida a su padre, y desde aquel lejano 2009 no h conseguido «que me permitan estar con ellas», afirma. Garantiza que ha llamado en infinidad de ocasiones y que le cuelgan el teléfono, por ello esta anciana, que reside en Zamora, se plantó un día en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero donde van al colegio sus nietas para ver si el hueco de una verja le dejaba verlas jugar. El problema, según denuncia, es que «tienen miedo a su padre» y desde hace seis meses no ha vuelto a tenerlas cerca. Las visitas al colegio se saldaron con una denuncia, porque iba allí a «molestar», asegura el padre, que cambió de sexo hace unos años. De origen holandés, Menno V.D.M. niega que la abuela haya tratado de establecer contacto con ellas y no se opone a que las visite, simplemente reclama «condiciones» para estos encuentros, aunque advirtió que «las niñas tienen la última palabra», y ellas «no quieren».

Visto para sentencia

El informe del equipo psicosocial del juzgado de Valladolid, en el que coinciden la Fiscalía y el progenitor, señala como la mejor opción que abuela y nietas se reunan una vez al mes en un Punto de Encuentro Familiar de Aprome. Esta situación se repetiría durante tres meses hasta que se realice un nueva evaluación del régimen de visitas. Sin embargo, Lourdes no está conforme porque ve estas medidas «insuficientes». Así, reclama en su petición que su exyerno traslade a las menores cada quince días hasta su casa en Zamora. El caso quedó ayer visto para sentencia envuelto en una gran atracción pública por la sexualidad del padre de las niñas, condición que los abogados de ambas partes señalan que «nada» tiene que ver con el supuesto llevado a juicio, y que Menno lamentó que «no debería haber salido» a la luz.

El drama de Lourdes es un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Según la presidenta de la Asociación Abuelos Separados de sus Nietos, Guadalupe de la Fuente, esta organización recibe a diario cuatro o cinco llamadas de personas mayores que piden ayuda. «En la mayoría de los casos se trata de padres de hijos o hijas fallecidos cuyos cónyuges cortan toda relación con esa parte de la la familia», pero también y cada vez con «más frecuencia» son hijos que «extorsionan a sus padres con no poder ver a sus nietos si no les ayudan para cambiar de coche o comprarse una casa».

«Yo conozco quien ha hecho hasta cinco el año pasado». El comentario está cazado en una conversación de abogados de Jaén. Sobre un tema del que todos han oído hablar en los juzgados, que provoca sonrisas, asentimientos con la cabeza o miradas nerviosas, pero sobre el que nadie admite en público una intervención directa: separaciones de conveniencia. Parejas que fingen una ruptura para salvar de embargos judiciales los bienes más preciados del matrimonio, asfixiado por las deudas. Normalmente, el piso o la casa conyugal. Uno se queda con las deudas y bienes sobrevalorados. El otro, con lo que realmente importa. Y a seguir juntos, a pesar de lo que digan los papeles. «Se trata de la disolución de la sociedad de gananciales que se constituyó con el matrimonio. Nos llega gente hasta arriba de deudas, con acreedores persiguiéndoles, con averiguaciones del juzgado sobre su patrimonio, y con el temor de que les embarguen», describen en un despacho donde admiten haber recibido peticiones para tramitar el papeleo. En realidad, el trámite es simple y rápido: se hacen dos lotes con los bienes gananciales de la pareja, los dos firman, se presenta en el juzgado y la pareja está legalmente separada. Y ya está. En apariencia, porque hay tecnicismos que salvar. «A la hora de hacer las partes hay que equilibrar, para que resulte creíble y por temas fiscales», comentan. A pesar de que oficialmente estén separados, la pareja sigue conviviendo. «Nadie tiene por qué enterarse». En estas que los acreedores van a echarle mano a las posesiones del deudor y se encuentran con que los bienes de más valor ya no están a su nombre.

Fiscales y detectives

El fiscal especializado en asuntos civiles de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén, Cristóbal Fábrega, explica que «las deudas generadas durante el tiempo que duró la sociedad de gananciales también hay que liquidarlas con ésta, así que separarse no elimina la obligación de responder con los bienes que hubiera. Se puede incurrir en un delito de alzamiento con este tipo de operaciones». En Fiscalía no consta que se estén produciendo separaciones o divorcios ficticios o que estén aumentando con la crisis. Tampoco los fiscales tienen instrucciones especiales de extremar la vigilancia sobre esta posibilidad. Y el juzgado de Familia de Jaén, con carga de trabajo atrasada suficiente como para mantenerlo ocupado un año entero, tampoco pueden entrar en éso.

«Es muy difícil demostrar que ha sido un alzamiento o un fraude intencionado», dicen en otro de los despachos consultados. «Prácticamente la única manera es ponerle a los implicados un detective privado que demuestre que la convivencia no ha cesado, que siguen juntos. Y aún así siempre pueden decir que se están dando otra oportunidad. ¿Quién va a decirles que no tienen derecho?», puntualizan.

En dos gabinetes de detectives privados consultados en Jaén admiten que han recibido algún encargo de este tipo por acreedores burlados. «Pero es algo que siempre ha existido, no se ha inventado ahora. Y no es un trabajo muy habitual para nosotros en Jaén, sino todo lo contrario», precisan en la agencia Gavinfor. En otra agencia indican que han hecho trabajos de vigilancia y seguimiento para detectar que se mantenía la vida marital, como entradas de los cónyuges juntos al portal del domicilio de siempre, seguimientos al supermercado para grabarles mientras hacían la compra juntos y similares. «Eran separaciones ficticias, de conveniencia», resumen.

Aseguradoras, mutuas y empresas recurren a ellos como último recurso contra los fraudes. "La crisis ha hecho crecer estos casos y ahora casi puede decirse que las bajas que antes duraban tres meses ahora pueden llegar hasta los seis para estirar un poco más la indemnización", explica un experimentado profesional del sector. En su caso se ha encontrado en los últimos meses con situaciones como la de un operario que "estaba de baja porque tenía una mano mal y luego lo encontré cavando en el campo". Es la anécdota en un mundo de picaresca en busca de lograr un dinerillo extra.

"Las mutuas están detectando muchos casos de duplicidad laboral -personas que alargan sus bajas mientras trabajan en otra cosa- y también se están disparando los casos de autónomos que pagan un seguro, se dan de baja para cobrarlo y siguen trabajando igual", relata el detective. Las bajas fingidas, en cuanto al mundo empresarial, son las más perseguidas por estos investigadores del fraude.

El sector que más intentos de engaño acumula, sin embargo, es el del automóvil. "Siempre han existido y ahora están creciendo hasta el 20%", señala el experto.

por la multinacional Microsoft Corporation por un delito contra la propiedad intelectual por comercializar de forma ilícita su sistema operativo Windows XP Profesional.

El escrito en el que el Ministerio Público pide el sobreseimiento del caso, al que hoy ha tenido acceso Efe, aclara que para que un delito de estas características tenga lugar es preciso que el titular de los derechos sufra un perjuicio.

En este caso, "sería la cantidad" que debería haber percibido Microsoft Corporation "por la licencia correspondiente al sistema operativo Windows XP Profesional" comercializado.

El documento considera sin embargo que este perjuicio no llegó a producirse porque "resulta imposible" que la compañía "hubiera percibido cantidad alguna por la venta de esta licencia" ya que Windows XP Profesional "dejó de comercializarse el 30 de junio de 2008, como es público y notorio" y quedó reflejado "en numerosos medios de comunicación".

Este sistema operativo fue sustituido entonces por "un producto más nuevo", el programa Windows Vista, que "a su vez" ya ha sido reemplazado por otro "todavía más reciente: Windows 7", que fue lanzado al mercado en octubre de 2009, por lo que ya estaba siendo comercializado cuando ocurrieron los hechos.

El escrito del Ministerio Público precisa que, "tan sólo ha pervivido durante algún tiempo ciertas modalidades de Windows XP, en su versión Home Edition, destinada a ordenadores 'ultraportátiles' de escasa potencia".

"En definitiva -agrega el documento del fiscal-, Windows XP Profesional es un producto descatalogado, cuya obsolescencia alcanza a dos ciclos de renovación de producto, y que no hubiera podido ser adquirido de ninguna manera en el comercio, porque el propio denunciante -Microsoft Corporation- no lo vende".

"En semejantes circunstancias -prosigue el escrito-, resulta imposible que se genere perjuicio por lucro cesante".

El texto aclara también que la venta del ordenador equipado con Windows XP Profesional que dio origen a la denuncia "se realizó en condiciones muy particulares", ya que el comprador era un apoderado de Microsoft que fue a "comprobar una situación", una supuesta venta ilegal, "que él mismo estaba provocando".

En este punto, la Fiscalía se apoya en una sentencia de un Juzgado de lo Penal de Alicante sobre un caso similar, en el que un detective privado compró unos programas ilegales "no para su uso como particular" sino como forma de obtener "elementos de prueba" de una situación ilícita. Esta sentencia concreta que el detective actuaba por encargo de Microsoft, de manera que era "la víctima del supuesto delito" la que dirigió "la operación" y adquirió un ordenador con sus propios programas, algo que permite concluir que la venta efectuada no constituyó delito alguno. La resolución del Juzgado de Alicante aclara además que, a diferencia del tráfico de drogas, en los delitos contra la propiedad intelectual de este tipo "hace falta algo más que la tenencia" de programas ilegales y llegar a su distribución para considerarlo constitutivo de un ilícito penal.

Asimismo, este documento pone de manifiesto la "dominación de la situación" en este caso por parte de la supuesta víctima, lo que conlleva que no existiera "posibilidad alguna de lesionar los derechos de Microsoft" si se le vende "una copia de un programa del que es titular". En otro momento, el escrito de la Fiscalía descarta que los ordenadores que se encontraron en la tienda denunciada fueran a ser comercializados ilegalmente o destinados a un lucro ilícito, ya que eran propiedad de varios amigos del titular del establecimiento y además fueron incautados en "un registro policial no autorizado judicialmente".

delito contra la intimidad por haberse llevado, presuntamente, sendas copias de la cartera de clientes y de la contabilidad de la empresa para la que llevaba ocho años trabajando. Su antiguo socio, que sostiene que año y medio después de que la mujer saliera de la gestoría se vio obligado a cerrarla al sufrir una fuga masiva de clientes, reclama la misma pena.

M. P. A. M. entró en 1998 a formar parte de la empresa familiar que explotaba la gestoría, en la que tenía el cargo de administradora mancomunada junto con el dueño y dos de sus hijos.

Un keylogger instalado en el ordenador de la acusada --y detectado por un detective privado-- reveló cómo esta había comunicado por correo electrónico a alguien que no llegó a ser identificado que ya se había hecho con los dos ficheros. La defensa, que pide la absolución de la imputada, impugnó la validez como prueba del acta notarial tras asegurar un perito que resulta relativamente sencillo manipular los registros de un programa como el señalado.

La acusada terminó dejando la gestoría a mediados de enero del 2006. En esas fechas, el principal propietario, ya jubilado, se encontraba gravemente enfermo.

Poco después de abandonar la empresa, dos personas fundaron una gestoría que utilizaba como marca el nombre y el primer apellido de la acusada.

sufrir un grave accidente de tráfico en el verano de 2008 en Palma cuando circulaba con su ciclomotor y fue arrollado por un coche. El afectado, un albañil que se hallaba en el paro y que ahora tiene 64 años, resultó herido de extrema gravedad, le amputaron la pierna izquierda y permaneció cien días en el hospital. A consecuencia del siniestro, quedó incapacitado y tuvo que comprar una nueva vivienda, una planta baja en la ciudad, que fue reformada para adaptarla a sus limitaciones. La víctima reclama una indemnización de más de 300.000 euros por las severas lesiones y las secuelas que le han quedado, así como por los abultados gastos que ha tenido a raíz del accidente.

La empresa aseguradora del coche que atropelló al motorista, que figura como presunta responsable civil en el caso, decidió contratar a un detective para que informara de la situación real del afectado. El investigador realizó un informe y estos documentos fueron presentados en el juzgado.

La semana pasada se celebró el juicio por este caso en Palma y el conductor que arrolló al motorista aceptó una condena de dos años y medio de prisión por conducir en estado ebrio y de forma temeraria por la ciudad y no auxiliar a la víctima tras el accidente. A pesar de llegar a un acuerdo en la vía penal, la vista oral continuó para determinar la responsabilidad civil y la indemnización que el perjudicado debía recibir.

Fue durante el juicio cuando el informe del detective salió a la luz e incluso varias fotografías fueron exhibidas a la víctima.

Casa con huerto
En una de la imágenes que captó el investigador privado aparecía la casa actual del perjudicado que cuenta con un huerto en la parte trasera. Al ser interrogado por la planta baja, el afectado confirmó que había un huerto y que era una de sus hermanas la que se encargaba de cuidarlo. "Ella plantó las tomateras", recordó el hombre.

La víctima también tuvo que responder sobre sus posibilidades de moverse y andar y las razones por las que eligió un determinado modelo de vehículo para desplazarse. El hombre explicó que no podía caminar muchos metros y que necesitaba la ayuda de las muletas. Por eso se compró un coche "sin carné" y escogió uno de los modelos más caros porque por las características del vehículo podía entrar con la prótesis sin problemas, según su versión.

Además, el perjudicado destacó que su vida había cambiado por completo y que dependía de su familia y de otra persona para las tareas diarias después de sufrir el accidente en el Camí dels Reis el pasado 2 de julio de 2008. El hombre indicó que ya no podía ir al monte de caza ni a buscar setas ni tampoco a bailar. "Todo se acabó", resumió. Además de dolores, también sufre depresión, según dijo.

crisis económica son muy demandadas.

La localización del domicilio de un deudor, confirmación de rumores, historiales de pagos, informes sobre riesgos, son algunas cuestiones que ocupan y preocupan a empresas y particulares y que centran gran parte del trabajo de los detectives privados, hasta el punto de que en los últimos años los encargos se han multiplicado por cinco.

Ya no se estila tanto perseguir a la pareja por sospechas de infidelidades porque el juez no pide esas pruebas a la hora de conceder el divorcio y el presupuesto de la investigación no compensa el interés que el presunto agraviado pueda tener por saber si le guardan el sitio. Pero, aunque no les falta el trabajo, este colectivo profesional estereotipado en las películas americanas con una imagen que poco o nada tiene que ver con la realidad. baraja una serie de inquietudes que desde hoy y hasta el sábado se van a analizar en un congreso internacional que se celebrará en la Facultad de Derecho.

Ayer fue presentado en rueda de prensa por la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, Eva Grueso; el vicepresidente segundo Óscar Rosa y Teresa Aguado, que es secretaria académica del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

Entre la temática que prestigiosos expertos abordarán se encuentra la directiva europea Bolkestein que habla sobre la libre prestación de servicios en cualquier territorio de la Unión. Uno de los objetivos es poner sobre la mesa cómo posibilitar esa libertad en la prestación de servicios garantizando el excelente nivel profesional que ha alcanzado España, el país de la UE con mayores exigencias formativas, con una titulación universitaria propia de 3 años de duración y 180 créditos académicos. «En Portugal- dice Óscar Rosa- se puede ser detective de la noche a la mañana y ahora con esa directiva un portugués puede venir aquí a España y ponerse a trabajar cuando nosotros tenemos más formación y en ella hemos empleado más tiempo y dinero». La licencia de armas, una tradicional reivindicación del sector, y su justificación, también se analizará en el encuentro, así como los nuevos métodos de investigación -videovigilancia, informática forense y digital- y la investigación de delitos en general, algo prohibido hoy día.

Para estos profesionales eso es un «absurdo» desde el mismo momento en que la Ley autoriza la investigación de los delitos perseguibles a partir de denuncia del agraviado.